Han pasado más de 17 años desde que se publicó la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28/06/1999. Y nadie se había dado cuenta hasta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14/09/2016, en el Asunto C-596/14, de que esa Directiva, que lleva como Anexo el Acuerdo Marco de 18/03/1999, prohibía la discriminación en las consecuencias de la extinción de los contratos laborales temporales, respecto de la de los contratos de trabajadores indefinidos. Pese a que el mismo Acuerdo Marco pide a la Comisión Europea que inste a los Estados miembros de la Unión para que adapten su normativa propia a las disposiciones del Acuerdo, en el plazo de 2 años; prorrogable como mucho 1 año más; o bien, que la Comisión inste a los interlocutores sociales para que lleguen a acuerdos acordes con lo dispuesto en el Acuerdo Marco, que hagan innecesario que los Estados tengan que legislar. Nada de nada se ha hecho en más de tres lustros, y eso que en ese tiempo han cambiado los secretarios generales de todos los sindicatos y patronales, se han sucedido más de 3 generaciones completas de licenciados en derecho desde entonces (17 promociones), y se han celebrado más de 4 elecciones generales en las que han resultado elegidos gobiernos de distinto signo político y se han sucedido hasta 5 presidentes distintos del Tribunal Supremo, uno de los cuales, procedía de la Sala Social del Tribunal. Esto nos lleva a concluir que la formación jurídica de abogados, legisladores, jueces y sindicalistas en materia de derecho comunitario europeo deja mucho que desear. Sigue leyendo Terremoto en la contratación laboral temporal: la UE extiende el derecho a la indemnización de 20 días por año de servicio →

Con motivo de querer agilizar la instrucción en el proceso penal, se aprobó la Ley 41/2015, de 5 de octubre, que reformaba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Entre otras cuestiones, la ley introduce un límite en la duración de la fase de instrucción. ¿Qué se pretende con esto? La intención del legislador con esta medida, no es otra que ejercer una cierta presión sobre el órgano instructor para agilizar la investigación, y que de esta forma se garantice con mayor precisión el derecho fundamental consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución Española: el derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas. Para ello, la medida incorporada en el texto legal citado, se concreta en un plazo máximo de 6 meses para realizar la instrucción. El cómputo del plazo comenzará el día en que se dicte el auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. En caso de que la instrucción se considere compleja, “por causas sobrevenidas a la investigación” el plazo se puede elevar hasta los 18 meses. Ambos plazos, si la situación lo requiere, pueden someterse a prórroga. Esta medida entró en vigor el 6/12/2015, por lo que, para el 6/06/2016 deberían haber terminado las fases de instrucción preexistentes a su entrada en vigor. No obstante, para evitar el fin de la instrucción, con carácter general, los fiscales solicitaron la declaración de complejidad de la investigación, aunque no se hubiera llevado a cabo averiguación alguna durante los meses anteriores, en cualquiera de los procedimientos en curso; por lo que esas “causas sobrevenidas a la investigación” no existen, y en consecuencia, los primeros perjudicados por la medida, son aquellos investigados a los que la norma quería liberar de una dilatada pena de banquillo: seguirán sometidos a un proceso de investigación más largo que el diseñado por la ley. Sigue leyendo 06/06/2016: ¿Nuevos perjudicados por el recorte de plazos en la instrucción penal? →

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