En una época en la que la Administración pública parece haber incrementado de manera sustancial el número de actas de liquidación o de infracción, mucho más que en ningún momento anterior, es importante saber si se puede discutir la liquidación o infracción en sí misma, así como su cuantía. Son muchas las Administraciones públicas que han multiplicado en los últimos años su actividad sancionatoria y liquidatoria frente a los ciudadanos y las empresas. Por eso hay que saber oponerse cuando la Administración no está realmente amparada por la ley para exigirnos más de lo que debemos. En un número muy elevado de casos, puede discutirse que lo reclamado por la Administración sea realmente debido por el ciudadano o la empresa; y en no pocos, puede conseguirse una reducción de lo que se deba pagar.
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